Recarga de coche eléctrico en vía pública: postes, bolardos y concesión municipal

La red de recarga en la calle: el eslabón que falta para los conductores sin garaje

Aproximadamente la mitad de los vehículos en las ciudades españolas de más de cincuenta mil habitantes está estacionado habitualmente en la vía pública, sin acceso a una plaza de garaje privada. Para los conductores de este perfil, la recarga en casa no es posible y la dependencia de los puntos de carga en parkings o centros comerciales implica desplazamientos adicionales que no encajan con sus rutinas. El punto de recarga de coche eléctrico en la vía pública —un poste o bolardo instalado en la acera o en la calzada junto a las plazas de aparcamiento regulado— resuelve esta fricción de raíz al convertir el aparcamiento habitual del vehículo en la estación de recarga.

Las experiencias de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao muestran que los puntos de recarga en la calle tienen tasas de utilización muy superiores a los puntos en parkings subterráneos, especialmente los de potencia AC 7,4-11 kW orientados a la recarga nocturna: el vehículo queda aparcado y conectado varias horas, lo que maximiza la energía transferida por sesión sin exigir alta potencia. Para hubs urbanos de mayor rotación —zonas de alta demanda, estaciones de transporte intermodal o polígonos de carga compartida—, los cargadores DC de 50-150 kW permiten sesiones breves de recarga de oportunidad que atienden a perfiles de uso distintos.

El despliegue de cargadores de coche eléctrico en la vía pública es además un objetivo de política pública recogido en los compromisos de España derivados del Reglamento (UE) 2023/1804 (AFIR) y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los municipios que impulsan este despliegue no solo prestan un servicio esencial a sus vecinos, sino que acceden a líneas de financiación específicas del IDAE y de fondos europeos que cubren una parte sustancial de la inversión.

Postes y bolardos de recarga: AC 7,4-22 kW nocturno y DC 50-150 kW en hubs urbanos

El elemento físico más habitual en la vía pública es el poste o bolardo de recarga: una columna compacta de entre 1,0 y 1,5 metros de altura que incorpora uno o dos puertos de carga con conector Tipo 2, un módulo de comunicación OCPP y, cuando aplica el Reglamento AFIR, un lector de tarjeta bancaria integrado. Los postes AC de 7,4 kW monofásico o de 11-22 kW trifásico son los más extendidos para la recarga nocturna en calzada residencial: el usuario aparca, conecta el vehículo antes de cenar y a la mañana siguiente lo recoge con la batería completa. El coste de equipo más instalación de un poste AC en la vía pública —incluyendo la obra civil de canalización desde el punto de conexión eléctrico y las tasas municipales— oscila generalmente entre 3.000 y 8.000 € por unidad según la distancia al punto de suministro y las condiciones del pavimento.

Para los hubs de recarga urbana —plazas de mayor demanda, accesos a zonas de alta rotación o puntos de recarga para vehículos de servicio y logística de última milla— los cargadores DC de 50 kW o superiores (hasta 150 kW) permiten tiempos de recarga de entre diez y treinta minutos. El coste de estos equipos más su instalación en la vía pública, incluyendo obra civil y acometida de mayor sección, se sitúa entre 15.000 y 35.000 € o más por punto, dependiendo de la potencia y la complejidad de la acometida. La integración de estos hubs con el alumbrado público o con otras infraestructuras de mobiliario urbano inteligente puede reducir los costes de obra civil y mejorar la estética del entorno.

En cualquier caso, la elección entre AC y DC para la vía pública responde a la regla práctica de venta: cuanto más tiempo permanece el vehículo parado, menos potencia hace falta. La recarga nocturna en calzada residencial es el dominio de la AC de baja potencia; la recarga de oportunidad en zonas de alta rotación, el de la DC. Un buen análisis de movilidad urbana —que CCE puede facilitar como parte del estudio previo al proyecto— determina la mezcla óptima de puntos y potencias para cada barrio o eje viario.

Autorización de dominio público y coordinación con el ayuntamiento

La instalación de cualquier elemento en la vía pública —poste, bolardo o hub de recarga— requiere la preceptiva autorización de ocupación de dominio público, que en el caso de la calzada y las aceras de carácter municipal corresponde otorgar al ayuntamiento del municipio. El procedimiento habitual es la solicitud de licencia de obra y ocupación de la vía pública, acompañada del proyecto técnico de la instalación, la memoria descriptiva, el plano de situación y el seguro de responsabilidad civil. En algunos municipios, la tramitación se integra con la de la instalación eléctrica ante la Consejería de Industria de la comunidad autónoma.

Cuando el modelo elegido es la concesión de la explotación a un operador privado, el ayuntamiento convoca un procedimiento de licitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para adjudicar el derecho de ocupación del dominio público a cambio de un canon y de condiciones de servicio —número mínimo de puntos, potencias, disponibilidad, pago con tarjeta— que el operador debe comprometerse a cumplir. CCE puede concurrir a estas licitaciones como instalador y operador, y también asesora a los ayuntamientos en la redacción de los pliegos técnicos para asegurar que los criterios de adjudicación sean compatibles con la normativa AFIR y con los estándares de interoperabilidad OCPP/OCPI.

La coordinación con los servicios municipales de urbanismo, alumbrado y tráfico es imprescindible para definir la ubicación exacta de los postes, evitar conflictos con la red de servicios enterrados —gas, telecomunicaciones, agua— y garantizar la accesibilidad de los puntos de recarga para personas con movilidad reducida. CCE gestiona esta coordinación técnica con los departamentos municipales y con las compañías de servicios para minimizar los plazos de tramitación y ejecución.

Reglamento AFIR en la vía pública: pago con tarjeta, datos dinámicos e interoperabilidad OCPP/OCPI

Todos los puntos de recarga en la vía pública son, por definición, de acceso público, lo que activa el cumplimiento íntegro del Reglamento (UE) 2023/1804 (AFIR). Desde el 13 de abril de 2024, todo punto nuevo de 50 kW o más debe ofrecer obligatoriamente pago ad hoc con tarjeta bancaria o dispositivo de pago contactless, sin contrato previo ni aplicación. Aunque los postes de recarga lenta AC de 7,4-22 kW quedan temporalmente fuera de esta obligación estricta de pago con tarjeta, la tendencia del mercado y las exigencias de los pliegos de licitación más recientes apuntan hacia su generalización también en potencias inferiores.

El reglamento AFIR exige además que los precios se muestren inequívocamente por kWh antes de iniciar la sesión de recarga en la pantalla o soporte del punto de carga, y prohíbe que el único criterio de facturación sea el tiempo de conexión. La Resolución de 2 de abril de 2025 complementa esta obligación con el reporte de datos dinámicos al sistema estatal: el operador CPO debe enviar en tiempo cuasi real la disponibilidad —libre, ocupado o fuera de servicio— y el precio de cada punto de la vía pública al punto de acceso nacional de datos, lo que permite a los conductores consultar el estado de los postes de su barrio desde las aplicaciones de movilidad.

La interoperabilidad técnica se garantiza mediante los protocolos OCPP (entre el cargador y el back-office del CPO) y OCPI (entre distintos operadores para el roaming de carga). Un conductor que pertenece a la red de un operador eMSP puede cargar en cualquier punto de la vía pública interoperable y pagar a través de su propia aplicación, sin necesidad de registro en el sistema del CPO local. Esta capacidad de roaming es especialmente relevante en la vía pública, donde el usuario no siempre prevé con antelación qué punto de recarga va a utilizar.

Modelo público-privado: concesión a CPO, canon municipal y cobro por kWh al usuario

El modelo más extendido en España para la recarga en la vía pública es el modelo público-privado de concesión: el municipio licita el derecho de instalación y explotación de los puntos de recarga en la calzada y selecciona al operador CPO que ofrece mejores condiciones de servicio, número de puntos, potencias y canon. El CPO instala la infraestructura a su cargo, la opera durante el período de concesión —habitualmente entre 5 y 15 años— y cobra por kWh consumido a los usuarios finales. El ayuntamiento percibe un canon por ocupación del dominio público y, frecuentemente, un porcentaje de los ingresos de la explotación.

Este modelo libera al municipio de la inversión inicial en infraestructura y del riesgo de explotación, trasladándolos al operador privado, que asume la instalación, el mantenimiento, la gestión de cobro y el cumplimiento normativo. A cambio, el CPO obtiene la exclusividad en las ubicaciones adjudicadas durante el período de concesión, lo que le permite amortizar la inversión y obtener un margen razonable sobre los ingresos de recarga. La competencia entre operadores en el proceso de licitación garantiza que el canon municipal sea adecuado y que las condiciones de servicio sean las más favorables para los vecinos.

Un modelo alternativo, más común en municipios pequeños o en fases piloto, es el despliegue propio del ayuntamiento: el municipio financia la instalación —con fondos Next Generation/PRTR, convocatorias autonómicas o recursos propios— y contrata a un CPO para que opere la infraestructura, o asume la operación directamente. En este caso, CCE actúa como instalador y proveedor técnico de los equipos, y puede además configurar el back-office de gestión para que el municipio opere los puntos con sus propios medios o con apoyo remoto.

Ayudas en 2026 para cargadores de coche eléctrico en la vía pública

El Plan MOVES III concluyó el 31 de diciembre de 2025 sin posibilidad de nuevas solicitudes en 2026. Para la instalación de puntos de recarga de coche eléctrico en la vía pública, el programa de referencia en 2026 es MOVES Corredores de Recarga (Orden TED/1477/2025): hasta el 70 % de los costes elegibles para estaciones de acceso público en la red RTE-T con potencia total mínima de 300-400 kW y al menos un punto de 150 kW. Los hubs de recarga rápida DC en ejes viarios principales o en accesos a vías de alta capacidad son los candidatos más naturales a este programa, siendo el CPO el beneficiario elegible.

Para puntos de recarga lenta AC en calzadas residenciales —la tipología más común en los despliegues municipales de vía pública— las principales fuentes de financiación son las convocatorias autonómicas de acceso público y los fondos Next Generation/PRTR canalizados a través de los municipios. Varias comunidades autónomas han incluido en sus planes de movilidad sostenible líneas de subvención específicas para el despliegue de postes de recarga en la vía pública, con intensidades que pueden alcanzar el 50-70 % del coste subvencionable. Los municipios de menos de cinco mil habitantes han gozado históricamente de intensidades reforzadas en los programas MOVES (hasta el 80 % en MOVES III como referencia histórica), y algunas comunidades autónomas mantienen este tratamiento diferenciado en sus propias convocatorias.

CCE asesora a municipios y operadores en la identificación de las convocatorias vigentes más adecuadas en el momento de ejecutar el proyecto, elabora la documentación técnica necesaria para la solicitud de ayuda y presenta el expediente ante el organismo gestor. Presentamos los proyectos de vía pública con la documentación técnica completa requerida por el IDAE y por las consejerías autonómicas, lo que maximiza las posibilidades de resolución favorable en convocatorias competitivas.

• ✓MOVES Corredores (Orden TED/1477/2025): hasta el 70 % en hubs DC de acceso público en red RTE-T
• ✓Convocatorias autonómicas de acceso público para postes AC en calzada residencial
• ✓Fondos Next Generation/PRTR para municipios: despliegue de recarga pública
• ✓MOVES III: cerrado el 31/12/2025, no admite nuevas solicitudes en 2026

CCE como instalador y socio técnico para el despliegue en vía pública

El despliegue de cargadores de coche eléctrico en la vía pública es un proyecto que combina ingeniería eléctrica, obra civil, tramitación administrativa y operación continuada en el tiempo. CCE acumula experiencia en cada una de estas fases: desde el estudio previo de movilidad y la elección de emplazamientos hasta la redacción del proyecto técnico, la tramitación de la licencia de obras y la autorización de dominio público, la ejecución de la instalación eléctrica conforme a ITC-BT-52 y la puesta en marcha del back-office OCPP conectado al sistema estatal de datos.

En los proyectos de concesión, CCE puede concurrir como operador CPO en los procedimientos de licitación municipal, asumiendo tanto la instalación como la explotación durante el período concesional. En los proyectos de despliegue propio del ayuntamiento, CCE actúa como contratista de instalación y proveedor de la plataforma de gestión, con contratos de mantenimiento y soporte técnico que garantizan la continuidad del servicio durante la vida útil de los equipos.

Nuestro equipo de ingenieros coordina con los servicios municipales de urbanismo, alumbrado y tráfico para definir las ubicaciones óptimas, respetando las servidumbres de servicios enterrados y los requisitos de accesibilidad. Una vez ejecutada la instalación, el equipo de CCE imparte formación al personal municipal sobre el uso del back-office de gestión y la interpretación de los datos de disponibilidad y consumo. Contacta en /contacto/ para solicitar presupuesto gratuito con respuesta en menos de 48 horas.